La Defensoría del Pueblo, entidad que
preside el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG), repudia
los hechos atroces de violencia contra las mujeres, que se han registrado en
las últimas semanas en nuestro país, y hace un llamado a las autoridades para
revisar de manera urgente, las acciones que se están ejecutando, ya que no
están siendo efectivas para la protección de la vida de las mujeres.
“Es necesario que el Estado ejecute de
manera inmediata, las acciones contempladas en la Ley, pues no se está haciendo
lo suficiente para prevenir la violencia contra las mujeres y atender y
proteger a las víctimas de este flagelo”, destacó la Defensora del Pueblo,
Lilia Herrera Mow.
El año pasado, finalizamos con 26
femicidios y 13 tentativas de estos hechos. Hoy, en los primeros días del mes
de julio, nos enfrentamos a la cruda realidad de 18 mujeres asesinadas, en
situaciones en su mayoría prevenibles. Esto nos deja ver que la violencia en la
vida de las mujeres, en lugar de disminuir está claramente en aumento; viéndose
afectadas, desde niñas hasta mujeres adultas mayores, quienes han muerto a
manos de hombres con quienes mantenían algún tipo de relación sentimental o
familiar, y en espacios en donde se debían sentir seguras o protegidas.
La Defensoría del Pueblo reitera la
urgencia para que se dote de presupuesto a las entidades competentes, para la
ejecución de las políticas públicas contempladas en la Ley No. 82 de 2013; pero
además, para que se fortalezcan los procedimientos actuales, para que desde el
momento en que una mujer acuda a buscar ayuda o se tenga conocimiento de un
hecho de violencia, se activen las alarmas necesarias, para proteger a la mujer
de un desenlace fatal. También, para que se les proporcione el apoyo integral
que requieren, tanto psicológico, económico, social y legal, que las acompañe
en la ruptura del círculo de la violencia.
Es necesario, que todo el personal que
se encuentra en las Corregidurías, Juzgados Nocturnos, Policía Nacional,
instancias de salud y Ministerio Público, estén sensibilizados y capacitados
para atender a las mujeres víctimas de violencia, entendiendo la situación de
riesgo en que se encuentran y el deber que tiene el Estado de actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer, en el marco de lo contemplado en las Convenciones Internacionales sobre
Derechos Humanos de las Mujeres, que son Ley de la República.
